El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella llevó ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación un nuevo paquete de denuncias por presuntas conductas corruptas y anomalías administrativas que comprometen más de $370.000 millones, según el consolidado del Empalme Anticorrupción.
Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción, radicó las actuaciones entre el 1 y el 3 de agosto ante los tres organismos de control. La Oficina de Prensa del Presidente Electo divulgó el balance en el comunicado 254, fechado el 4 de agosto.
Antidrones, UNP y CENIT concentran los hallazgos
El expediente de mayor peso técnico apunta al contrato que suscribieron el Ministerio de Defensa y CODALTEC para adquirir 16 sistemas antidrones. El estudio advierte sobrecostos que alcanzarían el 85 % y un presunto detrimento patrimonial que superaría los $20.700 millones.
Los equipos llegaron sin completar su instalación y carecían de geolocalización operativa. El Ejército Nacional reportó, además, fallas críticas en las funciones de inhibición de los dispositivos.
Otra solicitud de investigación recae sobre una contratación directa de la Unidad Nacional de Protección por $24.800 millones.
La adjudicación avanzó a pesar de que un juez había ordenado detener el proceso de selección del cual se derivó ese negocio.
El tercer frente involucra a CENIT, filial de Ecopetrol. El equipo entrante aportó elementos nuevos sobre un contrato jurídico cercano a $23.000 millones, en el que aparecen presuntas presiones políticas e indicaciones sobre los perfiles profesionales que debía vincular el contratista.
Los denunciantes advierten también la supresión de herramientas de control y vigilancia sobre la ejecución.
A pocos días de la posesión presidencial, el Gobierno electo anunció que seguirá trasladando a las autoridades competentes los hallazgos técnicos y jurídicos que arrojen las auditorías en curso.
El propósito, según el documento, apunta a resguardar el patrimonio público y evitar que alguna presunta conducta irregular escape al escrutinio judicial y disciplinario.
