El departamento de Córdoba podría albergar uno de los seis tribunales agrarios que se establecerán en Colombia como parte de la nueva Jurisdicción Especial Agraria. La propuesta fue presentada por el senador Marcos Daniel Pineda García durante un foro sobre jurisdicción agraria realizado en Montería.
La Jurisdicción Especial Agraria, que se encuentra en su último debate en las plenarias de Senado y Cámara, busca crear una estructura judicial enfocada exclusivamente en resolver problemas relacionados con tierras y asuntos agrarios en el país.
“Soy un convencido que este departamento, junto con el departamento de Sucre, incluso el Urabá antioqueño, son de las regiones que más conflictos hoy hay sobre el tema de tierras y temas de desarrollo agropecuario”, explicó el senador Pineda durante su intervención.
Según el congresista, la ubicación de un tribunal agrario en Montería respondería a la alta concentración de conflictos territoriales en la región. Esta nueva instancia judicial atendería casos no solo de Córdoba, sino también de departamentos vecinos como Sucre, Montes de María y la región del Urabá antioqueño.
La nueva jurisdicción busca descongestionar el sistema judicial colombiano, donde actualmente muchos procesos agrarios llevan entre 10 y 20 años sin resolverse en la jurisdicción ordinaria. Con la creación de jueces y tribunales especializados, se espera acercar la justicia a millones de colombianos que habitan en zonas rurales.
El Partido Conservador, al cual pertenece el senador Pineda, ha manifestado su apoyo a la creación de esta jurisdicción especial, aunque ha realizado algunas observaciones durante el trámite legislativo.
La propuesta para establecer un tribunal agrario en Montería se suma a otros esfuerzos legislativos del senador, como el proyecto de ley recientemente radicado para prevenir la erosión costera, que afecta al 70% de las playas de Córdoba.
De ser aprobada la Jurisdicción Especial Agraria y designarse a Montería como sede de uno de los tribunales, la ciudad se convertiría en un centro importante para la administración de justicia en temas de tierras, beneficiando potencialmente a miles de habitantes rurales de la región Caribe colombiana.
La decisión final sobre las sedes de los tribunales agrarios se conocerá una vez el proyecto supere su último debate en el Congreso de la República y entre en vigencia en el país.
