La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión preventiva del contrato UPME STR 01-2026, valorado en $654.000 millones, destinado a la construcción de la Subestación Nueva Lorica 110 kV, un día antes de la fecha prevista para su firma.
El organismo detectó que el proceso nunca apareció publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II), pese a que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) reportó allí 622 contratos de servicios profesionales durante 2026.
El ente de control exigió retrotraer el proceso a su etapa inicial y otorgar un plazo adicional para que ciudadanos y veedurías puedan revisarlo antes de cualquier adjudicación. La entidad tiene un día hábil para remitir el expediente completo.
La Red de Veedurías de Colombia, a través de Pablo Bustos, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía al identificar que solamente el Consorcio Sigma Energía quedó habilitado en la licitación.
Su propuesta, de $622.963 millones, se ubicó apenas 4,25 por ciento por debajo del presupuesto oficial, cuando el margen habitual en este tipo de procesos ronda el 25 por ciento.
Bustos sostiene que la firma “habría tenido acceso a información privilegiada como ninguno otro en la historia contractual de esta institución”.
La denuncia vincula al exministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y a la exdirectora general de la UPME, Indira Cristina Portocarrero Ospina, señalados de posible interés indebido, tráfico de influencias y falsedad en documento público. Ninguno de los mencionados ha sido condenado y conserva la presunción de inocencia.
