Magistrado Ibáñez contradice a Petro: “toma del Palacio fue acto terrorista, no “genialidad”

El presidente de la Corte Constitucional rechaza calificación presidencial durante conmemoración de los 40 años de la tragedia
5 días atrás
Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional. Foto | CConstitucional

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, afirmó que la toma del Palacio de Justicia en 1985 constituyó un acto terrorista ejecutado por el M-19, rechazando la calificación de “genialidad” que utilizó el presidente Gustavo Petro para referirse a estos hechos.

El magistrado pronunció su discurso durante la jornada académica “Justicia, memoria y reflexión: un asunto de todos”, realizada en la Universidad Externado de Colombia como parte de la conmemoración de los 40 años de la tragedia. Ibáñez enfatizó que la verdad sobre lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 no puede distorsionarse y que la justicia mantiene deudas pendientes con las víctimas.

“El M-19 profanó violentamente el templo de la justicia, tomó como rehenes a magistrados del más alto nivel y a civiles que se hallaban en el Palacio, el cual convirtió en campo de batalla”, expresó el funcionario judicial durante el evento académico que reunió a presidentes de las altas cortes.

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El magistrado describió aquellos días como “una herida fundacional que redefine cómo entendemos el Estado de derecho, la autoridad pública y la fragilidad de nuestras democracias bajo presión”. Recordó que en esa época la Corte Suprema de Justicia también ejercía funciones de control constitucional y enfrentaba amenazas del narcotráfico y grupos armados.

Ibáñez señaló que tanto las investigaciones judiciales como los informes de la Comisión de la Verdad coinciden en identificar al movimiento guerrillero M-19 como el principal responsable de la toma del edificio judicial. El grupo armado ejecutó el operativo para adelantar un juicio político al entonces presidente de la República, Belisario Betancur.

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La toma del Palacio de Justicia dejó más de cien víctimas fatales, entre magistrados, empleados judiciales, visitantes y miembros de la guerrilla. Las operaciones de retoma por parte de las Fuerzas Militares se extendieron por casi 28 horas, convirtiéndose en uno de los episodios más traumáticos de la historia judicial colombiana. El número exacto de víctimas y las circunstancias de varios desaparecidos continúan siendo objeto de investigación.

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