La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió que el proyecto de acto legislativo que fija su cierre para marzo de 2028 podría afectar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Según el tribunal, la reforma impone un plazo definitivo sin garantizar que los procesos hayan terminado.
El pronunciamiento llegó el mismo miércoles 28 de octubre en que la Comisión Primera del Senado aprobó la iniciativa en primer debate, con 11 votos a favor.
La JEP explicó que la propuesta reduce en cinco años el tiempo de funcionamiento previsto, es decir, una tercera parte del plazo de 15 años.
Con ese cambio desaparecería la etapa final, en la que el tribunal debe juzgar a los máximos responsables, imponer sanciones y definir la situación jurídica de unos 10.000 comparecientes que no son máximos responsables.
El proyecto plantea que esos procesos pasen a la justicia ordinaria, con intervención de la Fiscalía.
Para la JEP, ese traslado afectaría la garantía del juez natural, que la Corte Constitucional reconoció como elemento definitorio de la Carta en la sentencia C-674 de 2017. El tribunal calificó el posible efecto como “una clara y manifiesta denegación de justicia” para las víctimas.
La JEP recordó que, cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró su examen preliminar sobre Colombia en 2021, el Estado firmó un acuerdo para respaldar la justicia transicional y el cumplimiento de sus sanciones.
Según la entidad, un cambio de fondo podría llevar a la CPI a evaluar de nuevo la situación del país.
El tribunal también citó la exposición de motivos del propio proyecto, que reconoce un represamiento de cerca de 1,86 millones de expedientes en la justicia ordinaria. Para la JEP, enviarle procesos de alta complejidad podría aumentar esa congestión.
La entidad aclaró que el debate no es si el Congreso puede cambiar su duración, sino si el cierre anticipado sustituiría elementos esenciales del modelo de justicia transicional.
