Seis de los nueve investigados por la Fiscalía 52 Especializada de la Unidad contra la Desaparición y el Desplazamiento Forzado, de Cartagena por el caso de la Universidad de Córdoba, fueron dejados sin ninguna medida de aseguramiento, ya que en ente acusador no encontró pruebas fehacientes que demostraran su participación en los hechos.
La Fiscalía reconoció que no existen evidencias de que Leonor Teresa Martínez Vélez, y los ex consejeros Rafael Muskus Arrieta, Alicia Cogollo Altamiranda, José Antonio Maroso Guzmán y Rafael Garnica Díaz, así como la ex secretaria General, Luisa Lora Jiménez, se beneficiara de la incursión de las autodefensas en la Unicordoba.
Los únicos, vinculados y asegurados por la Fiscalía, por la toma de AUC a la Universidad de Córdoba, son Rafael Dager Plata, Aleyda Cordero y Jairo Durango a quien la Fiscalía les dictó medida de aseguramiento preventivo en el domicilio, es decir, casa por cárcel.
Por otra parte, al ex vicerrector académico, Jairo Durango Vertel, se le dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario, Durango Vertel había sido detenido el pasado 25 de abril y estaba recluido en la cárcel la ternera de Cartagena y posiblemente sea trasladado a Las Mercedes de Montería.
Recordemos que estás personas habían sido capturadas por el CTI el pasado viernes 25 de abril, sindicadas de beneficiarse por los hechos acaecidos entre 1999 y 2008, cuando se dio la intervención en la Universidad de Córdoba del jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
