La Cámara de Representantes aprobó la Ley de Sometimiento a la Justicia, iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella que establece las condiciones jurídicas para que integrantes de grupos armados ilegales y estructuras criminales abandonen las actividades delictivas y respondan ante la justicia.
La votación terminó con 95 votos a favor y 10 en contra. La corporación acogió el mismo texto que había aprobado el Senado, por lo que no fue necesario convocar una comisión de conciliación. Con esta decisión, el proyecto completó su trámite en el Congreso.
Dicha norma establece penas diferenciadas según el nivel de participación dentro de las organizaciones. Los integrantes rasos podrán obtener reducciones de hasta el 50 % de sus condenas, mientras que quienes hayan ejercido funciones de mando podrán acceder a descuentos de hasta el 30 %, con una pena mínima de diez años de prisión.
Para acceder a estos beneficios, los integrantes de las estructuras deberán entregar las armas, los bienes ilícitos y la información sobre el funcionamiento de las organizaciones. También tendrán que colaborar en la ubicación de personas desaparecidas y secuestradas.
El texto mantiene la prohibición de suspender órdenes de captura y solicitudes de extradición. Además, establece que las condenas se cumplirán en cárceles ordinarias y limita los beneficios para quienes hayan participado en el reclutamiento de menores, que solo podrán obtener una reducción del 10 % de la pena.
Durante el trámite también se eliminó la figura del abogado intermediario, por lo que cada persona deberá someterse de manera individual. Los testaferros, por su parte, tendrán una pena mínima de seis años, condicionada a la devolución de la totalidad de los activos.
Tras la aprobación, el representante Daniel Briceño destacó que el proyecto no contempla mesas de negociación ni suspensión de órdenes de captura o extradiciones. También afirmó que los responsables de reclutar menores no podrán acceder a los beneficios generales de la ley.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió el resultado del debate y señaló que el Congreso incorporó propuestas de distintos sectores. Según el funcionario, la norma ofrece un marco jurídico para quienes decidan desmovilizarse y someterse a las condiciones establecidas por el Estado.
Cancino también sostuvo que la ley permitirá al presidente Abelardo de la Espriella desarrollar su política de seguridad, bajo el cumplimiento de las disposiciones legales.
