Laura Sarabia rechazó este lunes los tres delitos que le formuló la Fiscalía General de la Nación ante el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá.
La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y excanciller tampoco firmó preacuerdo con el ente investigador, pese a la rebaja de pena que una aceptación de responsabilidad le habría significado.
Los cargos son abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. Este último apareció durante el desarrollo de la audiencia, realizada en el complejo judicial de Paloquemao, y no figuraba en la citación inicial.
“Ojalá no estemos en una inflada de cargos”
El exfiscal general Mario Iguarán, quien representa a Sarabia, cuestionó esa adición ante la jueza. “Para eso les pagan, para imputar y acusar, pero hay que ser objetivos, y ojalá que, como no hemos accedido a lo de la aceptación de cargos, al preacuerdo, no se trate de una inflada de cargos”, expresó el defensor, quien dejó abierta la lectura de una represalia por la negativa a negociar.
Los hechos datan de enero de 2023, cuando desapareció un maletín con dinero del apartamento de la exfuncionaria. Marelbys Meza, entonces niñera de su hijo, terminó sometida a una prueba de poligrafía que, según la investigación, no practicó de manera voluntaria.
La Fiscalía sostiene que Sarabia aprovechó la jerarquía que ostentaba en la Presidencia para impartir la orden, con uso de equipos estatales reservados al personal de seguridad de altos funcionarios.
Un abogado de la Secretaría Jurídica del Estado pidió durante la diligencia que la Presidencia de la República quede reconocida como víctima dentro del expediente.
