El presidente Abelardo De La Espriella anunció la revisión de las condiciones de reclusión de personas privadas de la libertad que permanecen en estaciones de Policía o guarniciones militares sin cumplir, según indicó, los requisitos legales para continuar allí.
La decisión fue presentada durante su alocución presidencial del domingo, en la que dedicó uno de los apartados de su intervención a las medidas contra la corrupción. “Se acabaron los privilegios para los corruptos”, afirmó el mandatario al explicar la instrucción.
De La Espriella ordenó verificar cada caso y realizar los traslados que correspondan conforme a la ley cuando las condiciones de permanencia en esas instalaciones no tengan respaldo legal. La medida está dirigida a quienes permanecen recluidos en esos lugares y no cumplen las condiciones establecidas para hacerlo.
El presidente cuestionó que personas condenadas por corrupción puedan cumplir sus penas bajo condiciones especiales debido a los cargos que ocuparon o a las relaciones que mantuvieron durante su paso por el Estado.
“Los llamados delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de una categoría superior, son corruptos y muchas veces el daño que causan es devastador porque sus víctimas se cuentan por miles”, sostuvo.
Durante la intervención, el mandatario relacionó los efectos de la corrupción con servicios públicos como alimentación escolar, educación, salud, agua potable e infraestructura. Según explicó, el desvío de esos recursos afecta directamente a ciudadanos que dependen de ellos.
De La Espriella también rechazó que una persona condenada pueda acceder a condiciones especiales durante el cumplimiento de su pena por su apellido, cargo anterior o contactos.
El jefe de Estado planteó que combatir la corrupción requiere investigaciones, condenas y recuperación de los recursos públicos. A esa tarea sumó la necesidad de impedir que las condiciones de reclusión dependan de la posición que tuvo una persona dentro del Estado.
“La ley debe ser igual para todos”, afirmó el presidente al referirse a quienes utilizan cargos públicos para apropiarse de recursos estatales.
De La Espriella concluyó que su Gobierno no permitirá que el poder sirva como mecanismo para obtener impunidad o beneficios durante el cumplimiento de una condena.
