El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Medellín ordenó al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego abstenerse de utilizar recursos, bienes, canales y plataformas vinculados a la Presidencia de la República para emitir mensajes que favorezcan o afecten a candidatos en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.
La decisión surgió tras la admisión de una acción de tutela presentada por Juan Diego Ríos Rojas, quien solicitó medidas urgentes al considerar que las actuaciones del mandatario podrían afectar garantías electorales. El despacho judicial concedió la medida provisional mientras avanza el estudio de fondo del caso.
La jueza Anny Carolina Goenaga Peláez dispuso que el jefe de Estado no podrá emplear alocuciones oficiales, eventos públicos, escenarios nacionales o internacionales asociados a su cargo ni la cuenta de X @petrogustavo, cuando esta sea utilizada como herramienta de la función pública, para divulgar propaganda electoral o mensajes dirigidos a respaldar o cuestionar a aspirantes presidenciales.
La providencia también ordena abstenerse de difundir afirmaciones relacionadas con fraude electoral que no cuenten con evidencia suficiente. El documento advierte que el desacato a la orden judicial podría acarrear las sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
En el análisis preliminar, el juzgado señaló que existe una orden emitida por el Consejo de Estado el 28 de mayo de 2026, mediante la cual se dispuso que el presidente debía abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos, movimientos o agrupaciones políticas.
Según la decisión judicial, el accionante aportó publicaciones periodísticas y capturas de la cuenta del mandatario en la red social X, además de referencias a intervenciones públicas recientes, elementos que el despacho valoró para adoptar la medida provisional.
La jueza solicitó igualmente información a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes sobre procesos relacionados con presunta participación en política.
Petro tendrá un plazo de dos días, contados desde la notificación, para responder a la tutela mientras continúa el trámite judicial.
