La confianza y seguridad jurídica será el activo más disputado en el nuevo ciclo del capital climático.
Una disputa judicial por más de 155 millones de dólares en la Corte del Distrito Sur de Nueva York sacude las bases de uno de los mercados más sensibles para la transición climática, el de los créditos de carbono. Más allá de las cifras, el caso revela una verdad que América Latina —y en particular Colombia— no puede ignorar: en la nueva economía verde, la confianza jurídica será el activo más escaso y, a la vez, el más disputado. En un mercado globalizado donde los litigios financieros generan efectos en cadena, la estabilidad de las reglas, la protección contractual, la integridad operativa y la integridad ambiental ya no son opcionales; son condiciones básicas para sostener el flujo de capital climático hacia los territorios que más lo necesitan.
La historia es la siguiente: tres fondos de inversión —Global Carbon Opportunity Fund, 1798 Center Master Fund y Altana Protective Alpha Strategy Fund— presentaron una demanda contra CME Group y NYMEX, acusándolos de alterar en forma unilateral y arbitraria los términos de los contratos de futuros sobre créditos de carbono conocidos como GEO Futures Contracts, según los demandantes, CME y NYMEX eliminaron, sin aviso adecuado y en beneficio de intereses financieros cortoplacistas, el requisito de que los créditos entregables fueran elegibles bajo el esquema internacional CORSIA, distorsionando así el mercado, depreciando el valor de los contratos y causando pérdidas millonarias, lo que está en juego no es solo el precio de un instrumento financiero; es la confianza en que las reglas que sustentan los mercados climáticos internacionales serán respetadas y protegidas.
Aunque podría parecer un litigio técnico confinado a los estrados de Manhattan, su trasfondo tiene implicaciones de gran alcance: si los inversionistas perciben que incluso los mercados más consolidados carecen de estabilidad y transparencia, el apetito por invertir en mercados emergentes —como los latinoamericanos— disminuye drásticamente. Una reinterpretación unilateral de los criterios de elegibilidad no solo afecta la liquidez y la confianza en el instrumento, también envía una señal de fragilidad estructural que erosiona la predisposición de los compradores a asumir compromisos de largo plazo.
Colombia, que ha avanzado en posicionarse como uno de los principales emisores de créditos de carbono es especialmente vulnerable a esta dinámica. Territorios como el Amazonas, el Chocó o la Orinoquía concentran activos estratégicos de captura de carbono que dependen críticamente del buen funcionamiento del mercado internacional. El caso en Nueva York nos recuerda que, en un ecosistema globalizado, los litigios financieros, la inestabilidad regulatoria y la erosión de la confianza pueden generar efectos dominó que trascienden fronteras, afectando directamente comunidades locales, proyectos de conservación y flujos de inversión climática.
El impacto de estas disputas no es abstracto, las controversias de alto perfil tienden a aumentar la percepción de riesgo de los compradores, reduciendo su disposición a pagar precios justos y promoviendo descuentos agresivos que erosionan los ingresos proyectados para los proyectos. La fragilidad contractual, por su parte, desalienta las inversiones de capital necesario para iniciativas de reforestación, conservación y regeneración, ya que los contratos de largo plazo pierden fuerza si las reglas de mercado se perciben como inestables o sujetas a cambios retroactivos.
En Colombia, la afectación no se limita a los desarrolladores de proyectos. Las comunidades rurales, muchas de las cuales dependen de los ingresos de créditos de carbono para financiar servicios básicos como educación, salud o acceso a agua potable, ven comprometidas sus fuentes de financiación sin tener voz ni conocimiento sobre los conflictos que las perjudican. Cada caída en el precio de los créditos o cada retraso en su comercialización tiene consecuencias directas en el bienestar de poblaciones vulnerables.
Además, la inestabilidad del mercado voluntario de carbono afecta la reputación internacional de los países exportadores de créditos. En un contexto donde los compradores internacionales buscan garantías de integridad —tanto ambiental como de mercado—, los destinos que no logren ofrecer un entorno regulatorio confiable serán desplazados por aquellos que sí lo hagan. Algunos países de la región ya están avanzando en la consolidación de marcos legales y mecanismos de integridad nacionales, y Colombia no puede permitirse quedar rezagada.
La competencia por el capital climático es feroz. Según el reporte State and Trends of Carbon Pricing 2024 del Banco Mundial, los mecanismos de fijación de precios de carbono generaron ingresos superiores a 104.000 millones de dólares en 2023. Dentro de ellos, el mercado voluntario superó los 2.000 millones de dólares, según Ecosystem Marketplace. Estas cifras reflejan un mercado en expansión, pero también uno en el que la confianza es el insumo más escaso y más determinante.
Frente a este panorama, Colombia necesita actuar con decisión, consolidar un marco jurídico especializado en carbono, que defina la propiedad de los créditos, regule los beneficios para las comunidades locales y establezca mecanismos ágiles de resolución de controversias, es una prioridad impostergable. Así mismo, el país debe adoptar principios de integridad que aseguren que los créditos sean adicionales, medibles, verificables de manera independiente, y que eviten riesgos de doble contabilización o de impactos ambientales y sociales negativos.
La existencia de estándares voluntarios de certificación que promueven la trazabilidad, la adicionalidad y los co-beneficios sociales es un avance que debe ser respaldado por un marco jurídico más robusto, capaz de potenciar su credibilidad y sostenibilidad en el tiempo.
La protección jurídica de los contratos de largo plazo debe ser una garantía explícita, sin instrumentos jurídicos sólidos, los acuerdos de compra de créditos pierden valor, los proyectos pierden financiamiento y las comunidades pierden alternativas de desarrollo sostenible, el país debe fortalecer sus mecanismos de transparencia, trazabilidad y verificación pública, construyendo un registro único, auditable y confiable para los créditos emitidos en su territorio.
Nada de esto será efectivo si se impone de manera unilateral. La construcción de un mercado de carbono sólido y legítimo exige una conversación estructurada entre todos los actores relevantes: líderes de comunidades rurales, empresas desarrolladoras de proyectos, compradores internacionales, agencias reguladoras y entes de control, solo desde el reconocimiento de la diversidad social, cultural y territorial de Colombia se podrán diseñar reglas que sean respetadas y defendidas por quienes deben aplicarlas en el terreno. Esta legitimidad también implica comprender que, cuando las comunidades indígenas y locales son titulares de los proyectos y gestoras de los activos de carbono, el principio de consentimiento previo, libre e informado no desaparece, sino que adquiere una nueva dimensión: se transforma en la protección de su derecho soberano a administrar su patrimonio ambiental sin interferencias externas, incluyendo aquellas provenientes del propio Estado, ni condicionamientos ajenos a su voluntad.
El litigio en Nueva York debe ser leído como una advertencia. No basta con tener vastos territorios con un potencial excepcional y atractivo; no basta con contar con capturas de carbono sobresalientes. En el mercado global, el activo más valioso es la confianza, un crédito de carbono colombiano solo será competitivo si su origen, su trazabilidad, sus beneficios comunitarios y su protección contractual son incuestionables a los ojos de los compradores más exigentes del mundo.
Colombia tiene una oportunidad histórica para liderar esta transición y construir un mercado de carbono que sea ejemplo de integridad, desarrollo y competitividad. Si logra consolidar un entorno jurídico robusto, transparente y alineado con los principios fundamentales de integridad climática, podrá no solo atraer capital climático de calidad, sino posicionarse como un actor estratégico en la nueva economía global de la sostenibilidad, de lo contrario, corre el riesgo de ver cómo su enorme potencial natural se convierte en una oportunidad perdida, mientras otros países más rápidos y estructurados capturan los flujos de inversión verde.
En esta competencia silenciosa pero decisiva, quien ofrezca activos ambientales respaldados por reglas claras y respetadas será protagonista. Quien no lo haga, simplemente verá pasar la oportunidad.
Posdata: En la transición hacia una economía baja en carbono, el papel de los abogados no es accesorio: es estructural. Construir confianza jurídica es construir inversión, desarrollo y legitimidad.
