La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de concusión a Jairo Winston Mendoza Soto, auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería. El funcionario habría exigido 100 millones de pesos a una candidata al Congreso a cambio de favorecerla con mil votos en las elecciones legislativas del 8 de marzo.
Según la investigación, el procesado contactó a la aspirante por vía telefónica el 25 de febrero y concertó una reunión en la residencia de ella. En ese encuentro le habría planteado la exigencia económica.
Días después, ambos se reunieron en una cafetería de Montería. Allí el funcionario habría reiterado la solicitud y asegurado que tenía la capacidad de manipular los resultados electorales para entregarle los votos ofrecidos.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó el caso ante un juez de control de garantías. Mendoza Soto no aceptó el cargo.
La concusión es un delito que se configura cuando un servidor público abusa de su cargo para exigir dinero o beneficios a un particular. La pena contemplada en el Código Penal colombiano puede superar los seis años de prisión.
La entidad no informó si el funcionario continúa vinculado a la Registraduría ni si el juez impuso alguna medida de aseguramiento en su contra.
La Fiscalía tampoco reveló la identidad de la candidata que resultó afectada con la solicitud ni si la denuncia partió de ella.
