A tres días del cambio de mando presidencial, una decisión judicial mantiene en vilo el escenario donde se realizará el acto. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó estudiar una acción popular contra la celebración de la ceremonia en Cali y analiza si ordena su suspensión provisional.
Quien demanda no cuestiona la elección ni al mandatario entrante. El reparo recae sobre el procedimiento con el que el Congreso decidió sesionar fuera de su sede habitual, un movimiento que, según el escrito, se aprobó sin dejar constancia pública de lo que cuesta ni de cómo se financiará.
El argumento central gira alrededor del dinero. La acción sostiene que trasladar a las dos cámaras hasta el Valle del Cauca genera gastos adicionales que nadie ha detallado ante la ciudadanía, situación que, en su lectura, compromete el patrimonio público y la legalidad del gasto.
A esa objeción se suman otras. El texto menciona vacíos en materia de seguridad, logística y gestión del riesgo, y reclama que ninguna autoridad ha presentado documentos certificados que respalden esas decisiones.
Las peticiones al despacho van en tres direcciones. La primera busca congelar los acuerdos con los que Senado y Cámara autorizaron el desplazamiento. La segunda pide bloquear cualquier giro adicional de recursos mientras no exista certificación sobre su necesidad.
La tercera funciona como salida intermedia: si el tribunal permite que el acto siga adelante, quedaría sujeto a que las corporaciones publiquen toda la documentación en un plazo de 24 horas después de notificada la providencia.
Mientras tanto, los preparativos continúan. El auditorio de la Universidad Santiago de Cali espera a las tres de la tarde del viernes a diez delegaciones encabezadas por jefes de Estado, entre ellas la del rey Felipe VI de España.
