El uso de drones con fines terroristas podría ser castigado con hasta 30 años de prisión en Colombia, de acuerdo con el borrador del proyecto de ley que busca fortalecer las herramientas jurídicas del Estado para combatir el terrorismo y las redes que lo apoyan.
La iniciativa establece una pena básica de 10 a 20 años de cárcel para quienes fabriquen, adapten, adquieran, almacenen, transporten o utilicen sistemas no tripulados con el propósito de ejecutar o facilitar actos terroristas, causar lesiones, afectar infraestructura o generar temor entre la población.
El proyecto contempla aumentar la sanción entre una tercera parte y la mitad cuando los drones incorporen explosivos, armas o sustancias peligrosas; sean empleados contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura crítica; o cuenten con mecanismos para dificultar su detección y neutralización.
Con el incremento máximo previsto, la pena podría llegar a 30 años de prisión.
Las sanciones también alcanzarían a quienes apoyen a estas organizaciones. El articulado propone entre 13 y 22 años de cárcel y multas de 1.300 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes suministren, con conocimiento de la inclusión de una organización en el registro previsto, servicios, transporte, alojamiento, entrenamiento, armas, equipos o apoyo logístico.
La pena aumentaría si el responsable es servidor público o si la colaboración incluye armas, explosivos, sistemas no tripulados o capacidades cibernéticas ofensivas.
Otra de las conductas incluidas es el entrenamiento con fines terroristas. Para quienes impartan, reciban, organicen, financien o faciliten instrucción sobre drones, explosivos, armas o capacidades cibernéticas destinadas a esas actividades, se proponen penas de ocho a 16 años, incluso si el atentado no llega a ejecutarse.
El proyecto también contempla entre 10 y 20 años de prisión por utilizar equipos o tecnologías para interferir, bloquear, alterar o suplantar señales, comunicaciones y sistemas de navegación con fines terroristas.
La sanción podría aumentar cuando se afecten servicios de emergencia, operaciones de la Fuerza Pública o infraestructura crítica.
Las economías ilícitas también están incluidas. La explotación minera ilícita agravada tendría penas de ocho a 18 años, mientras que el suministro de recursos o apoyo logístico a esa actividad podría castigarse con seis a 12 años.
Para la comercialización ilícita de oro y minerales estratégicos, el articulado propone entre seis y 14 años de prisión, además de multas y otras consecuencias administrativas.
