El Gobierno de Abelardo De La Espriella solicitó al Congreso dar trámite de urgencia al proyecto de ley que propone adicionar $2,7 billones al Presupuesto General de la Nación de 2026, con recursos destinados a atender la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto y responder a las necesidades del sector energético frente al fenómeno de El Niño.
El mensaje de urgencia, suscrito por el presidente y los ministros del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, busca acelerar el debate legislativo para disponer de los recursos antes del periodo de mayor exigencia para el sistema eléctrico, previsto en el contexto del fenómeno climático de 2026-2027.
De acuerdo con el documento radicado, la adición presupuestal se financiaría con recursos asociados a las medidas tributarias extraordinarias adoptadas tras el terremoto. Estos fondos se incorporarían al Fondo Milagro, creado para articular recursos públicos y privados destinados a la reconstrucción y la atención de las zonas afectadas.
El proyecto también contempla trasladar $1,2 billones al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el propósito de respaldar obligaciones de empresas del sector energético, entre ellas Air-e.
El Gobierno argumentó que la aprobación oportuna de los recursos es necesaria para evitar que continúe creciendo la cartera pendiente con los agentes del Mercado de Energía Mayorista y que las dificultades de liquidez coincidan con un periodo de mayor presión sobre la generación térmica y el suministro de combustibles.
“Los recursos deben encontrarse disponibles antes de que se materialice el período de mayor exigencia para el sistema eléctrico asociado al fenómeno de El Niño 2026-2027”, señala el mensaje enviado al Congreso.
La iniciativa también contempla modificar la distribución de recursos del presupuesto vigente para atender compromisos relacionados con el sector energético y la respuesta a la emergencia. El Gobierno sostiene que el trámite legislativo ordinario podría reducir la capacidad de anticipación frente a los riesgos previstos.
