El más reciente paquete de decretos expedido por el Gobierno Nacional para disminuir las tarifas de energía abrió un fuerte debate con los gremios del sector eléctrico.
Mientras el Ministerio de Minas y Energía sostiene que las normas buscan justicia tarifaria y estabilidad en los precios, las asociaciones empresariales advierten que las medidas podrían poner en riesgo la sostenibilidad del sistema.
El ministro Edwin Palma Egea defendió las disposiciones como una respuesta a lo que calificó como “la resistencia de las generadoras” a acogerse al esquema de precios diferenciados por tecnología establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Según explicó, las nuevas reglas limitan a las plantas hidráulicas a vender solo el 5 % de su energía en bolsa y las obliga a contratar el 95 % a largo plazo, con el propósito de reducir la volatilidad y beneficiar al usuario final.
Sin embargo, los gremios expresaron fuertes reparos. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), afirmó que imponer cuotas obligatorias no aumentará la oferta eléctrica ni garantizará precios competitivos.
En la misma línea, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), calificó la medida como una intervención excesiva que restringe la libertad empresarial y puede generar riesgos operativos para los generadores hidráulicos.
El sector privado solicitó al Ejecutivo suspender los decretos y convocar un diálogo técnico para revisar alternativas que reduzcan las tarifas sin afectar el equilibrio del mercado.
A su vez, el Gobierno insiste en que la intervención es necesaria para asegurar un sistema más asequible y estable, especialmente en regiones como el Caribe, donde los usuarios siguen soportando las facturas más altas del país.
