El Gobierno Nacional anunció que revisará y reducirá el gasto de programas considerados no prioritarios para liberar recursos destinados a la atención de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Dicha decisión fue anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella la noche del 19 de agosto, en el marco de la expedición del decreto que declaró la emergencia económica, social y ecológica.
El mandatario explicó que la medida responde a las restricciones fiscales que enfrenta el país y a la necesidad de disponer de recursos para atender a las víctimas y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas.
“Vamos a revisar y a reducir gastos asociados a programas de la administración anterior que no sean prioritarios frente a las necesidades actuales del país”, afirmó De la Espriella, quien agregó que el Ejecutivo también buscará fuentes adicionales de financiación.
El mandatario aseguró que los ajustes no afectarán los recursos destinados a las poblaciones más vulnerables, como los adultos mayores. “La prioridad es clara, garantizar los recursos necesarios para atender a las víctimas y reconstruir a las regiones golpeadas”, señaló.
El presidente sostuvo que la situación fiscal limita la posibilidad de atender una emergencia de esta magnitud únicamente mediante los mecanismos ordinarios del Estado.
Según expuso, cerca de uno de cada tres pesos del recaudo tributario se destina actualmente al servicio de la deuda pública, mientras que hace una década la proporción era de aproximadamente uno de cada seis.
La declaración se produjo horas antes de que el Gobierno formalizara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 1261, firmado el 19 de agosto por el presidente y su gabinete. La medida tendrá una vigencia de 30 días y cobija a 15 departamentos afectados por el terremoto.
El decreto sostiene que la magnitud de los daños supera la capacidad de respuesta de los mecanismos ordinarios en materia presupuestal, contractual, crediticia y tributaria. Por ello, el Ejecutivo podrá expedir decretos legislativos adicionales para atender la emergencia.
De la Espriella también afirmó que los recursos movilizados estarán sujetos a controles y deberán destinarse exclusivamente a las necesidades derivadas de la emergencia. “Estas facultades extraordinarias no son un cheque en blanco”, manifestó.
La estrategia fiscal anunciada contempla, además del recorte de gastos no prioritarios, la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para cubrir las necesidades de atención y reconstrucción derivadas del terremoto.
