El Gobierno Nacional ratificó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’ a Estados Unidos, tras rechazar un recurso de reposición presentado por su defensa. La Resolución Ejecutiva 037 del 26 de enero de 2026 confirmó en todas sus partes la decisión inicial adoptada en diciembre pasado.
Marín Silva, deberá comparecer ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por tres cargos relacionados con narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses lo acusan de concierto para distribuir cocaína, tráfico con intención de importar droga a ese país, y fabricación de cinco kilogramos o más de cocaína.
La defensa del requerido había solicitado revocar la extradición, argumentando que la decisión carecía de análisis constitucional y no consideraba las sentencias condenatorias pendientes en Colombia.
El abogado defensor también mencionó los acercamientos exploratorios del Gobierno con el grupo “La Inmaculada”, del cual presuntamente haría parte Marín Silva.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia rechazó estos planteamientos. La Oficina del Consejero Comisionado para la Paz informó mediante comunicación del 9 de enero que Marín Silva “actualmente no desempeña ningún rol en las Mesas de Diálogo de Paz ni en los Espacios de Conversación Sociojurídicos” establecidos por la Ley 2272 de 2022.
Aunque se reconoce que el ciudadano pertenecería al grupo “La Inmaculada”, con el cual el Presidente autorizó acercamientos mediante Resolución 442 del 5 de diciembre de 2025, la entidad aclaró que Marín Silva “no cuenta con un reconocimiento formal como miembro representante de este grupo”.
El expediente del requerido en Colombia registra dos condenas en ejecución por extorsión, secuestro y homicidio agravados, dos procesos en etapa de juzgamiento y once indagaciones e investigaciones activas.
El Gobierno señaló que esta situación no impide la extradición, pues Colombia no ha ejercido jurisdicción sobre los hechos investigados por Estados Unidos.
La Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a la extradición el 12 de noviembre de 2025, concluyendo que la solicitud cumplió las exigencias constitucionales y convencionales.
Con esta nueva resolución, queda en firme la decisión de conceder la extradición sin posibilidad de más recursos.
