Gloria Arizabaleta, representante del Pacto Histórico, fue elegida presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes con quince votos a favor, mientras que María Eugenia Lopera, liberal cercana al petrismo, quedó como vicepresidenta en una votación que consolidó el control del oficialismo sobre esta instancia investigativa.
La designación se respaldó en acuerdos políticos previos que permitieron al gobierno asegurar el liderazgo de una comisión considerada estratégica para las investigaciones contra altos funcionarios del Estado, incluido el presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña electoral.
El resultado electoral dejó sin éxito el intento de la oposición por quedarse con el control de esta célula parlamentaria, que tiene la potestad de investigar y acusar constitucionalmente al presidente, vicepresidente, magistrados de altas cortes y otros altos dignatarios del Estado.
Los acuerdos políticos previos entre el Pacto Histórico y sectores del liberalismo cercanos al petrismo fueron determinantes para consolidar esta mayoría, asegurando que las investigaciones en curso y futuras queden bajo la dirección de representantes afines al gobierno nacional.
La Comisión de Acusaciones tiene un papel fundamental en el sistema de pesos y contrapesos del Estado colombiano, ya que es la instancia encargada de adelantar las investigaciones preliminares contra los más altos funcionarios cuando existe mérito para ello.
Con Arizabaleta al frente, el oficialismo logra mantener influencia sobre los procesos que se adelanten contra el presidente Petro, especialmente aquellos relacionados con las denuncias sobre presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022.
La elección refleja la capacidad del gobierno para articular mayorías parlamentarias en instancias clave del control político, consolidando su posición en un órgano que históricamente ha generado tensiones entre oficialismo y oposición por su importancia en el equilibrio institucional.
