Las senadoras Norma Hurtado, Ana Paola Agudelo y Lorena Ríos radicaron en la Comisión Séptima del Senado una ponencia alternativa a la reforma de salud del gobierno Petro, después de haber sido parte del grupo que archivó la propuesta gubernamental en 2024. Las congresistas proponen un modelo híbrido que destinará $4,9 billones en 2026 para sanear financieramente el sistema.
La iniciativa plantea transformar las EPS en “Gestoras de Salud y Vida” (GSV), donde el Estado asumiría el riesgo financiero mientras estas nuevas entidades administrarían el riesgo en salud, organizando y controlando la atención médica sin manejar directamente los recursos del sistema.
“La crisis actual no es porque no se haya aprobado la reforma del Gobierno Petro. Es producto de la mala administración, de intervenciones fallidas y del llamado ‘chuchu-chu’ que profundizó la crisis”, declaró la senadora Hurtado, coordinadora ponente de la propuesta alternativa.
Las senadoras critican duramente la gestión gubernamental actual, señalando que ha llevado el sistema a “cuidados intensivos” con congestión en citas, falta de medicamentos y pagos adicionales de procedimientos. Lorena Ríos afirmó que “esa decisión de no construir sobre lo construido nos está llevando de nuevo a tiempos pasados, cuando la muerte era sinónimo del sistema de salud”.
La propuesta incluye 10 pilares fundamentales, destacando la implementación de un Sistema Único de Información (SPUIIS) y un Sistema Nacional de Auditoría (SNAGS) para vigilar en tiempo real el uso de recursos. Además, establece que la UPC se calculará mediante estudios técnicos validados por universidades.
El financiamiento provendrá del 100% del recaudo de impuestos a bebidas y alimentos ultraprocesados durante cinco años. Las proyecciones indican ingresos de $26,4 billones por IVA social y $38,4 billones por impuestos saludables para 2036.
La ponencia alternativa critica específicamente el modelo gubernamental, señalando que busca convertir a ADRES en una entidad con 32 funciones que la convertirían en una institución “con supra-capacidades poco probables de cumplir y susceptible de corrupción”. Su propuesta reduce esta concentración y limita las funciones de la entidad.
El debate se retoma este martes 23 de septiembre en la Comisión Séptima con tres ponencias: la gubernamental, la opositora del Centro Democrático y esta alternativa independiente.
