Exrepresentante Tatiana Cabello fue condenada a 12 años de prisión por exigir dinero a empleados de su UTL

La Corte Suprema concluyó que la excongresista obligó a cinco funcionarios a entregar parte de sus salarios para conservar sus cargos.
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Foto: Cámara de Representantes

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 12 años de prisión a la exrepresentante a la Cámara Tatiana Cabello Flórez tras establecer que obligó a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a entregar parte de sus salarios como condición para permanecer en sus cargos dentro del Congreso de la República.

La decisión judicial determinó que el esquema funcionó entre 2014 y 2017 y afectó a cinco trabajadores que ingresaron al equipo legislativo. Según el fallo, la excongresista utilizó su facultad de libre nombramiento y remoción para exigir aportes económicos periódicos a quienes dependían de ella laboralmente.

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La investigación concluyó que los funcionarios debían ceder un porcentaje de sus ingresos con el argumento de financiar actividades políticas y de campaña. Sin embargo, la Corte Suprema descartó esa explicación y estableció que los pagos respondían a una exigencia para conservar el empleo o acceder a mejores posiciones dentro de la UTL.

El expediente también señala que Tatiana Cabello Flórez evitó recibir directamente el dinero. Para ejecutar el mecanismo recurrió a personas de su círculo de confianza, entre ellas su asesora Luisa Fernanda Puerto Vela y su conductor Hernando Barón Ayala, quienes actuaban como intermediarios en la recepción de los recursos.

De acuerdo con las pruebas analizadas por la justicia, el dinero circuló mediante entregas personales, transferencias bancarias y registros que simulaban movimientos correspondientes a una supuesta “caja menor”, modalidad que buscaba ocultar el verdadero destino de los recursos.

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La condena representa un nuevo caso relacionado con prácticas irregulares dentro del Congreso de la República.

El proceso judicial concluyó que los trabajadores financiaron a la persona que los contrató después de aceptar las condiciones impuestas para ingresar y permanecer en la Unidad de Trabajo Legislativo, conducta que la Corte Suprema consideró acreditada con el material probatorio reunido durante la investigación.