La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, se reunieron este jueves durante más de tres horas en el búnker de la Fiscalía para abordar la negativa del ente investigador de levantar las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo. El encuentro terminó sin acuerdo: cada funcionario mantuvo su postura.
Camargo ratificó los argumentos plasmados en la Resolución 00142 del 11 de mayo de 2026, mediante la cual la Fiscalía se abstuvo de suspender las capturas. El ente investigador condicionó cualquier levantamiento de esas medidas al cumplimiento de compromisos concretos: cese de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, entrega de menores reclutados, fin de economías ilícitas y desmantelamiento de estructuras criminales.
La Fiscalía fue clara en su posición jurídica: “Abstenerse de implementar medidas institucionales orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia las Zonas de Ubicación Temporal, que impliquen no ejecutar, de manera general, automática e inmediata, órdenes de captura respecto de las personas incluidas en el listado… hasta tanto se dé cumplimiento a lo señalado en la parte considerativa de esta resolución y se llegue a la fecha fijada como inicio de la ZUT, es decir, el 25 de junio de 2026.”
El comisionado defendió que la suspensión de capturas opera automáticamente por mandato de la Ley 2272 de 2022 y no requiere valoración discrecional de la Fiscalía. Recordó además que la propia Camargo había reconocido previamente ese sustento jurídico.
En la reunión se confirmó que los extraditables no figurarán en nuevas peticiones. El caso de alias Chiquito Malo, requerido por Estados Unidos con concepto favorable de la Corte Suprema desde el 10 de diciembre de 2025, permanece sin resolverse.
