Fiscalía ocupa bienes de los excongresistas Andrés Calle en Montería e Iván Name por el caso UNGRD

Ocho propiedades de los expresidentes del Congreso y la Cámara figuran entre 25 activos que la Fiscalía persigue por el caso UNGRD.
17 minutos atrás

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares, con miras a la extinción de dominio, sobre ocho propiedades atribuidas al exsenador Iván Leónidas Name Vásquez y al exrepresentante Andrés Calle Aguas, quienes presidieron el Congreso y la Cámara de Representantes, respectivamente.

Ambos figuran entre los investigados por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde, según el ente acusador, hubo direccionamiento de contratos y desvío de dineros destinados a mitigación y atención de emergencias.

Calle Aguas tendría a su nombre cuatro inmuebles en Montería, Córdoba. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, identificó estos predios tras varias actuaciones investigativas.

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Al exsenador Name le atribuyen cuatro activos repartidos entre Sopó (Cundinamarca), Villavicencio (Meta), Juan de Acosta (Atlántico) y la capital del país. En uno de ellos, la medida cobija únicamente el 33 % que le pertenecería al exlegislador.

La ofensiva patrimonial abarca 25 bienes, entre 19 inmuebles y seis sociedades, con un avalúo preliminar cercano a 20.000 millones de pesos, vinculados a seis señalados del entramado.

Olmedo de Jesús López Martínez, antiguo directivo de la UNGRD, tendría una propiedad en Medellín; Sneyder Pinilla Álvarez, otra en Sabana de Torres (Santander), y Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico, un predio en Tabio (Cundinamarca).

Luis Eduardo López Rosero, contratista, sumaría siete bienes en Pasto, Chachagüí (Nariño) y Cúcuta (Norte de Santander). Parte de ellos corresponde a empresas que, según la investigación, le habrían servido para asegurar contratos con la entidad y mover los recursos recibidos.

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Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, suspenden el poder dispositivo sobre los activos, los embargan, los secuestran y toman posesión de propiedades, recursos y empresas.

La situación judicial de los seis implicados sigue pendiente de definición, y todos conservan la presunción de inocencia.