La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 25 bienes que estarían vinculados a seis personas señaladas de participar en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La actuación, anunciada este jueves 1 de octubre, comprende 19 inmuebles y seis sociedades, ubicados o registrados en Bogotá y nueve departamentos. La Fiscalía indicó que los activos tienen un avalúo preliminar cercano a $20.000 millones.
Entre las personas relacionadas con los bienes aparecen los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez; el expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez; el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas; el contratista Luis Eduardo López Rosero y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.
La investigación patrimonial hace parte de las actuaciones que adelanta la Fiscalía alrededor del caso de contratación de la UNGRD. El ente investigador señaló que busca identificar y verificar los bienes de personas presuntamente relacionadas con el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos destinados a obras de mitigación y atención de emergencias.
Bienes están distribuidos en nueve departamentos
Las medidas cobijan propiedades y sociedades ubicadas en Bogotá, Medellín, Montería, Pasto, Chachagüí, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio y Sabana de Torres.
Cuatro activos localizados en Bogotá, Juan de Acosta, Villavicencio y Sopó estarían relacionados con Iván Name. En uno de estos casos, la medida cautelar recae únicamente sobre el 33 % de la propiedad que le correspondería.
En Montería, la Fiscalía identificó cuatro inmuebles que harían parte del patrimonio de Andrés Calle. Además, reportó un inmueble en Medellín relacionado con Olmedo López, otro en Sabana de Torres a nombre de Sneyder Pinilla y uno en Tabio correspondiente al exasesor Pedro Rodríguez Melo.
Por su parte, siete bienes ubicados en Pasto, Chachagüí y Cúcuta tendrían relación con el contratista Luis Eduardo López Rosero. Según la Fiscalía, entre ellos figuran sociedades que habrían sido utilizadas en maniobras relacionadas con la contratación de la UNGRD y el movimiento de los recursos recibidos.
El CTI, con apoyo del Ejército Nacional, adelanta la materialización de las medidas de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de los bienes, haberes y negocios afectados.
