El expresidente y nobel de paz Juan Manuel Santos descartó la propuesta de extender el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) más allá de 2028, aunque reclamó garantizarle los recursos necesarios en medio del debate por la reducción de su presupuesto.
“La JEP tiene sus límites legales, yo no estoy de acuerdo con prorrogar esos límites, pero sí cumplir con lo pactado”, afirmó el exmandatario al responder sobre una eventual ampliación del tribunal de justicia transicional.
Santos fijó la meta sin dejar margen a interpretaciones, la JEP “tiene que cumplir su cometido en el 2028, ojalá antes”. Reconoció además que quienes cuestionan la lentitud del tribunal “tienen bastante razón” y planteó exigirle que “meta el acelerador”.
Frente a la disminución de recursos, el exjefe de Estado recordó que la JEP constituye una pieza central del Acuerdo de Paz. Retomó la alerta del presidente de esa jurisdicción sobre quedarse sin dinero para operar y señaló a los principales afectados.
“Ahí los que sufren son las víctimas, los que sufren son los comparecientes, los que sufren son todos los ciudadanos que creyeron en el proceso y que después ven que el Estado no cumple”, sostuvo.
Para corregir ese rumbo, propuso un esfuerzo “así sea temporal” que permita agilizar la implementación, el componente que, a su juicio, le faltó al proceso.
Santos negó que la mayoría de decisiones de la JEP recaiga sobre integrantes de la Fuerza Pública. “Eso no es cierto, vean las estadísticas”, respondió, y comparó esas versiones con las mentiras que circularon durante el plebiscito.
El exgobernante explicó que el sistema obliga a los victimarios a contar la verdad, pedir perdón, asumir su responsabilidad y cumplir una sanción restaurativa.
Según su lectura, buena parte de las víctimas aprueba ese esquema, aunque considera comprensible que algunas prefieran ver a sus agresores tras las rejas.
