Fiscalía judicializa a la actriz Yeimi Paola Vargas por falsedad documental y peculado por apropiación

La imputación por falsedad en documento privado y peculado pone el foco en los controles de verificación dentro de los procesos contractuales del Estado.
2 horas atrás
Foto: Redes Sociales.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yeimi Paola Vargas Gómez por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa para acceder a un contrato con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), caso que vuelve a centrar la atención en los filtros de validación documental dentro de la contratación pública en Colombia.

Una fiscal de la Seccional Bolívar le imputó los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación en calidad de interviniente, luego de establecer que la contratista habría presentado un título técnico laboral que no correspondería a un documento auténtico. Durante la audiencia de imputación, Vargas Gómez no aceptó los cargos y continuará vinculada al proceso judicial.

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Según la investigación, la procesada cargó en la plataforma SECOP II un certificado que la acreditaba como técnica laboral en actuación y teatro, supuestamente expedido por una institución educativa de Bucaramanga. Ese documento le permitió cumplir con los requisitos exigidos para acceder a una mejor categoría en la tabla de honorarios del IPCC.

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La Fiscalía sostiene que esa acreditación académica resultó determinante para mejorar sus condiciones contractuales y recibir pagos superiores a los que le habrían correspondido sin ese soporte de formación.

El contrato investigado se firmó en marzo de 2025 por un valor de 55 millones de pesos y con una duración de nueve meses. Sin embargo, terminó en agosto de ese mismo año mediante liquidación de mutuo acuerdo.

Las indagaciones apuntan a que, durante la ejecución contractual, la contratista habría recibido de manera irregular 8 millones 647 mil 500 pesos, suma asociada al nivel de titulación presentado.

El proceso judicial también reabre el debate sobre la verificación de títulos y certificaciones en plataformas de contratación estatal como SECOP II. Este caso muestra la importancia de fortalecer los mecanismos de revisión previa para evitar que documentos irregulares permitan acceder a recursos públicos bajo condiciones que no corresponden