La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Bolivia reaviva la esperanza de resolver el interrogante que ni la justicia colombiana ni la paraguaya han logrado responder: quién ordenó el asesinato del fiscal Marcelo Pecci.
Francisco Bernate, representante legal de la familia del funcionario judicial asesinado en Barú durante 2022, calificó la detención como un avance determinante para esclarecer la autoría intelectual del homicidio. El abogado manifestó su expectativa de que la eventual llegada de Marset a territorio estadounidense permita establecer su participación en la planificación del crimen.
“Ni la justicia paraguaya ni la colombiana pudieron establecer quién ordenó este homicidio. Esperamos que Estados Unidos lo haga y revele la verdad al mundo”, expresó Bernate tras conocerse la captura del líder del Primer Cartel Uruguayo.
Las investigaciones en Colombia produjeron ocho condenas contra autores materiales, articuladores y financiadores del asesinato. Entre los sentenciados figuran Margareth Chacón, Francisco Luis Correa Galeano y los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos. Sin embargo, la identidad de quien ordenó ejecutar al fiscal permanece sin resolver.
Marset, por quien Washington ofrecía dos millones de dólares de recompensa, enfrenta requerimientos por lavado de activos en Estados Unidos y narcotráfico en Bolivia y Paraguay. Su detención resultó de un operativo conjunto entre autoridades bolivianas y paraguayas ejecutado en la madrugada del jueves en Santa Cruz.
El narcotraficante permaneció prófugo desde 2022, tras obtener libertad en Dubái donde enfrentaba cargos por documentación falsa. La Cancillería uruguaya tramitó entonces un pasaporte legítimo que facilitó su escape.
La defensa de la familia Pecci deposita ahora sus expectativas en la capacidad investigativa estadounidense para determinar si Marset participó en la planificación del crimen y, fundamentalmente, para identificar a quien ordenó el asesinato del fiscal paraguayo en territorio colombiano.
