La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves un incremento del salario mínimo integral a 240 dólares mensuales, vigente a partir del 1 de mayo, tras suscribir un acuerdo con sindicatos oficialistas y sectores de la oposición.
El ajuste representa un aumento del 26% frente al monto anterior de $190 y fue presentado por la funcionaria como el incremento más significativo de los últimos años.
Sin embargo, la misma Rodríguez reconoció las limitaciones de la medida al admitir públicamente que el monto no es suficiente. La declaración adquiere mayor peso cuando se contrasta con la realidad: la canasta alimentaria básica en Venezuela supera los 600 dólares mensuales, lo que significa que el nuevo ingreso mínimo apenas cubre menos de la mitad de lo que una familia necesita para alimentarse.
La situación de los pensionados es aún más crítica. El gobierno fijó la pensión mensual en apenas 70 dólares, un ajuste del 40% que el propio régimen reconoce como insuficiente, al punto de ordenar la creación de brigadas de atención para atender la precariedad de quienes dependen de la seguridad social.
Un aspecto que opaca el anuncio es la estructura real del ingreso. La mayor parte de los 240 dólares se paga a través de bonos como el Bono de Guerra Económica y el Cestaticket, que no tienen incidencia salarial, es decir, no se calculan para liquidaciones, aguinaldos ni vacaciones. El salario base legal, que sí impacta en prestaciones, lleva años congelado en 130 bolívares, equivalentes actualmente a menos de $0,30 centavos.
El anuncio se produce en un contexto de inflación interanual superior al 600%, lo que convierte cualquier ajuste nominal en una carrera que difícilmente alcanza a los precios reales del mercado venezolano.
