El ministro del Interior, Rodrigo Lara, cuestionó la decisión judicial que ordenó a la Fuerza Pública abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas donde exista información sobre la presencia de menores reclutados, y anunció que el Gobierno apelará.
“Este fallo absurdo e inconstitucional será apelado”, escribió el funcionario en su cuenta de X, donde precisó que los fallos de la justicia se respetan, pero también pueden y deben ser objeto de crítica.
El reparo central del ministro apunta al criterio que fijó el juzgado. Lara sostuvo que la fórmula “cierta, objetiva o razonablemente verificable” establece un estándar de amplitud extraordinaria y planteó dos preguntas sobre su alcance operacional: si basta un indicio o una sola fuente para activar la restricción.
Según el jefe de la cartera política, en un conflicto donde los grupos armados reclutan y utilizan menores de manera criminal, un umbral tan abierto vuelve materialmente imposible el empleo de bombardeos aéreos. Si ese termina siendo el efecto práctico, agregó, habría resultado más sencillo prohibirlos de plano.
Lara aclaró que los menores deben ser protegidos con el máximo rigor y afirmó que el Gobierno mantiene ese compromiso.
El funcionario advirtió, sin embargo, sobre lo que considera un riesgo de la decisión: que el reclutamiento criminal de menores se convierta en un mecanismo que otorgue inmunidad territorial a los grupos armados. Ese escenario, señaló, constituye un incentivo perverso y peligroso.
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá adoptó la medida provisional el 2 de septiembre, dentro de una acción de tutela, mientras profiere decisión de fondo.
