El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria Jansa, solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos que designe un administrador para Canacol, empresa a la que responsabiliza del recorte de producción que hoy mantiene a la planta funcionando a mitad de su capacidad instalada.
Explicó que la reducción llegó por etapas, durante julio la operación bajó al 75% y desde el primero de agosto quedó en 50%.
“Hoy estamos operando al 50%, tenemos una línea de preservación”, explicó el directivo, quien atribuyó el ajuste al proveedor de gas: “no nos ha respondido y no ha cumplido con los compromisos del gas que nos tiene que entregar”.
Gaviria Jansa sostuvo que la comercializadora dirige su operación colombiana desde Canadá, lo que bloqueó cualquier acercamiento entre las partes.
Una intervención permitiría conocer con rapidez los problemas financieros y operativos de la compañía, según su planteamiento. Sobre el trasfondo jurídico, pidió a la Supersociedades desestimar el fallo canadiense que faculta a Canacol para cancelar y renegociar contratos sin garantizar firmeza en las entregas y con un precio fijado por la propia firma.
El costo de la parálisis parcial recae sobre las finanzas públicas. Detener una línea de producción le resta al país 1.500 millones de pesos diarios entre impuestos, regalías, contrataciones y servicios, precisó el ejecutivo.
Reactivar esa línea depende de un solo factor. “Si a mí me dicen te voy a dar gas firme por los próximos 3 meses, yo puedo reiniciar la línea que tengo parada”, afirmó, aunque advirtió que ningún comercializador ofrece hoy esa garantía. Colombia importa más del 34% del gas que consume y perdió su autosuficiencia desde 2023, agregó.
Las gestiones ante Superservicios, Supersociedades, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos arrancaron en mayo. Frente al nuevo Gobierno Nacional, Gaviria Jansa expresó optimismo: “lo veo positivo”, dijo, y destacó la presencia de funcionarios calificados en el Viceministerio de Minas.
