El delegado del Gobierno Nacional para los diálogos con el Ejército Gaitanista de Colombia, Álvaro Jiménez Millán, reconoció este jueves en Montería que el proceso de paz con ese grupo armado avanza sin un marco legal sostenible, luego de que el Congreso saliente se negara a tramitar una reforma normativa que regulara la transición de combatientes a la vida civil.
Jiménez Millán fue directo al señalar el vacío institucional que enfrenta la negociación. “Este Congreso actual que está terminando no quiso discutir una reforma legal que permitiera resolver el tema de la transición de grupos armados a la civilidad en este tiempo”, declaró ante gremios, autoridades locales, sociedad civil y medios de comunicación reunidos en el evento de paz total.
El funcionario explicó que la ausencia de esa legislación deja al proceso sin una normativa de largo plazo que lo respalde más allá del actual Gobierno. Frente a ese escenario, el Gobierno Nacional deposita sus expectativas en el próximo Congreso, al que aspira presentar una propuesta concertada con la delegación del EGC y los abogados que acompañan la negociación, entre ellos Ricardo Andrés Giraldo y Enrique del Río.
La advertencia de Jiménez Millán coincide con una preocupación que distintos actores expresaron durante el mismo evento.
El exlíder paramilitar y gestor de paz Salvatore Mancuso Gómez había señalado minutos antes que sin un anclaje judicial vinculante, los acuerdos quedan atados a la voluntad del gobierno de turno.
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, también reclamó que el proceso involucre al poder legislativo y a la rama judicial para garantizar que lo acordado trascienda el 7 de agosto, fecha en que el presidente Gustavo Petro entrega el poder.
