Hace poco más de dos décadas, el nombre de Salvatore Mancuso Gómez era sinónimo de terror en el Caribe colombiano. Comandó las Autodefensas Unidas de Colombia, controló territorios de Córdoba y Sucre, y fue protagonista de uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado en el país.
Hoy, tras pagar condena en Estados Unidos y reinsertarse como gestor de paz, participó este jueves en el evento de diálogo sobre la paz total celebrado en Montería, donde planteó tres preguntas directas al Gobierno Nacional que quedaron sin respuestas concretas.
Mancuso tomó la palabra con la experiencia de quien vivió por dentro el proceso de desmovilización paramilitar de 2005 y conoce sus resultados.
La primera pregunta apuntó al tiempo real del compromiso estatal: cuánto está dispuesto el Gobierno a garantizar por escrito para que el proceso jurídico con el Ejército Gaitanista de Colombia dure desde la desmovilización hasta el cierre integral con víctimas, comunidades y excombatientes.
La Corte Suprema de Justicia estimó recientemente, en el radicado STP 15949-2025 del 16 de septiembre de 2025, que el proceso con las AUC necesitará cerca de seis décadas más para concluir. “¿Cuál es la prenda de garantía de la palabra del Estado?”, preguntó ante delegados del Gobierno, representantes del EGC, gremios y sociedad civil.
La segunda pregunta cuestionó la continuidad de los acuerdos frente a los cambios de administración. Sin un anclaje judicial vinculante, los compromisos del Estado quedan atados a la voluntad política de turno y no a una obligación institucional de largo plazo.
La tercera interpelación señaló el riesgo territorial más inmediato: qué mecanismo concreto, en términos militares, judiciales y económicos, impedirá que nuevos actores armados ocupen los territorios y las economías que el EGC deje tras un eventual desarme, tal como ocurrió después de 2006 con las AUC y tras el acuerdo con las FARC en 2016.
“Sin ese dispositivo no hay paz, hay relevo de violencias”, advirtió Mancuso, quien también reclamó indicadores cuantitativos públicos para medir los avances de la paz total, política que cumple casi cuatro años.
