El Gobierno Nacional radicará ante el Congreso de la República un Estatuto Antiterrorista que fija penas severas para quienes usen drones contra la población y la fuerza pública, y que castiga la asonada dirigida contra los uniformados. El presidente Abelardo De la Espriella presentó la iniciativa durante su alocución al país.
El mandatario precisó que se trata de una ley, y que el Legislativo la discutirá como ordena la Constitución. El proyecto es uno de los dos instrumentos que el país conocerá esta semana. El otro es el decreto de protesta social, que el jefe de Estado firmará.
El texto crea un registro de organizaciones terroristas, habilita la congelación de bienes y corta la contratación con el Estado para esas estructuras. Además, reduce de manera sustancial la pena de quien entregue información efectiva antes de la acusación.
De la Espriella afirmó que quien financie el terror con narcotráfico o minería ilegal ya no podrá esconderse detrás de un nombre político. Según el presidente, la herramienta busca prevenir el próximo atentado, en lugar de lamentarlo después.
El jefe de Estado atribuyó al gobierno anterior la decisión de no contar con estos instrumentos, porque prefería la ambigüedad. En su opinión, las normas vigentes se quedan cortas frente al problema. “Lo que hoy tenemos a la mano queda corto”, afirmó.
