María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, afirmó que recibió información según la cual la orden de asesinarlo provino del Congreso de la República.
En entrevista con Noticias Caracol, señaló que un congresista del partido Comunes podría estar relacionado con el magnicidio, aunque precisó que corresponde a las autoridades establecer si esa versión tiene fundamento.
Tarazona aseguró que entregó a la Fiscalía General de la Nación información que recibió antes del atentado, incluidos nombres y fotografías. Según relató, el reporte advertía sobre posibles ataques contra Uribe Turbay y otros precandidatos del Centro Democrático. También mencionaba un presunto origen venezolano de los recursos y situaba en el Congreso la orden del crimen.
La abogada cuestionó los avances de la investigación y sostuvo que atribuir el atentado únicamente a la Segunda Marquetalia no permite identificar a quienes habrían ordenado y financiado el ataque. “La Segunda Marquetalia hace parte del aspecto material y no determinador del magnicidio de Miguel”, afirmó durante la entrevista.
Tarazona cuestiona la investigación y la seguridad
En la conversación con Noticias Caracol, Tarazona también mencionó una posible filtración de información desde el esquema de protección del senador. Según explicó, la Fiscalía le comunicó indicios sobre una eventual participación de integrantes de su escolta en la entrega de datos relacionados con los desplazamientos del dirigente político.
Ante esa situación, solicitó cambiar a los escoltas de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía para protegerse y salvaguardar a sus cuatro hijos. La investigación sobre esa posible complicidad continúa abierta, según la información suministrada.
Además, cuestionó la actuación del exdirector de la UNP Augusto Rodríguez por la presunta falta de respuesta a más de 25 solicitudes para reforzar la seguridad de Uribe Turbay.
Tarazona indicó que, tras una reunión con la fiscal general Luz Adriana Camargo, se produjo el relevo de la fiscal encargada del caso y la designación de una nueva investigadora. También pidió avanzar en las actuaciones judiciales contra los cabecillas de la Segunda Marquetalia señalados en el expediente.
