El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, propuso destinar anticipadamente cerca de $300.000 millones anuales provenientes del impuesto de renta a la explotación de carbón para financiar las obligaciones del Estado con el pueblo Wayuu. La propuesta contempla incorporar estos recursos en el Plan Nacional de Desarrollo.
El anuncio se produjo durante una audiencia convocada por la Corte Constitucional en Riohacha para revisar el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, que establece medidas para garantizar los derechos de esta comunidad indígena en La Guajira.
La decisión judicial busca asegurar el acceso al agua potable, los servicios de salud, una nutrición adecuada y mejores condiciones de movilidad para la población Wayuu.
Eljach presentó una ruta de trabajo con tres componentes para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones judiciales. El primero corresponde a la financiación anticipada mediante recursos asociados al impuesto de renta que pagan las actividades de explotación carbonífera.
La propuesta busca incorporar esa asignación presupuestal en la planeación nacional. El monto planteado podría alcanzar los $300.000 millones por año, según lo expuesto por el jefe del Ministerio Público. El anuncio no precisa una fecha de entrada en vigor ni un mecanismo definitivo de asignación.
Como segundo componente, el procurador anunció la conformación de un grupo de trabajo integrado por miembros de la etnia Wayuu. Desde la Procuraduría, este equipo participaría directamente en la coordinación entre las entidades responsables de atender las necesidades de la comunidad.
El tercer punto contempla modificar la Delegada para la Infancia de la Procuraduría, que asumirá el concepto de familia integral. Según el anuncio, esta dependencia tendrá una función especial en las acciones relacionadas con el pueblo Wayuu.
La audiencia permitió exponer estas propuestas ante el proceso de seguimiento de la Corte Constitucional, que busca verificar el avance de las medidas ordenadas en 2017.
Las iniciativas presentadas por Eljach apuntan a establecer mecanismos de financiación, participación comunitaria y coordinación institucional para responder a las obligaciones pendientes con esta población indígena.
