El anuncio del presidente Gustavo Petro de liquidar la empresa Air-e, distribuidora de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira, encendió las alarmas del sector energético nacional. Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), calificó la decisión como irresponsable e ilegal, y advirtió que su ejecución podría dejar sin luz a 1,3 millones de hogares de manera inmediata.
Según Castañeda, en el momento en que la Superintendencia de Servicios Públicos inicie formalmente el proceso de liquidación, Air-e quedaría inhabilitada para prestar el servicio, comprar energía, facturar o realizar cualquier operación. Sin un operador que la reemplace desde el primer día, los tres departamentos enfrentarían un apagón automático. Hasta ahora, continuó Castañeda, el Gobierno no ha identificado ni gestionado ninguna empresa con la capacidad financiera y operativa para asumir ese rol.
El panorama financiero agrava la situación. Desde que la Superintendencia intervino la compañía en septiembre de 2024 y obligó a los generadores a seguir vendiéndole energía sin garantía de pago, la deuda acumulada de Air-e con el sector eléctrico llegó a 2,5 billones de pesos a finales de mayo de 2026. De ese total, 1,7 billones corresponden a generadores térmicos, los mismos que deberían respaldar el sistema durante el fenómeno del Niño.
Para Castañeda, una liquidación en estas condiciones equivale a desconocer esas deudas y hundir financieramente a un sector que ya opera en el límite. El dirigente gremial señaló además que la decisión tiene un evidente trasfondo político, tomada a menos de ocho días de las elecciones presidenciales, y exigió al Gobierno destinar los recursos necesarios para sanear a Aire en lugar de liquidarla.
