La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, quedó en el centro de la polémica luego de unas declaraciones entregadas al medio Metropole Radio y Televisión, donde habló de la candidatura presidencial de Iván Cepeda y expresó públicamente su respaldo al dirigente político.
Durante la entrevista con el periodista Wendell Theodore, la diplomática aseguró que “Colombia ha cambiado” y mencionó que, aunque la Constitución no permite la reelección presidencial, “tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”. Además, afirmó que el senador “está con el pueblo” y manifestó su deseo de que gane las elecciones para asistir a una celebración prevista en Haití durante noviembre.
Las palabras de la embajadora generaron reacciones inmediatas en el escenario político colombiano. El propio Iván Cepeda respondió a través de su cuenta de X y pidió que las autoridades revisen lo ocurrido. El candidato sostuvo que ningún servidor público debe intervenir en actividades de campaña ni participar en proselitismo político.
Cepeda también señaló que, si las declaraciones son ciertas, corresponde a los organismos competentes adelantar las investigaciones disciplinarias necesarias para establecer si existió una falta por parte de la funcionaria.
El caso volvió a poner sobre la mesa las restricciones que tienen los servidores públicos en Colombia frente a procesos electorales. La legislación colombiana prohíbe que funcionarios utilicen su cargo, influencia o recursos del Estado para favorecer campañas, partidos o movimientos políticos.
De comprobarse una infracción, la Procuraduría podría abrir un proceso disciplinario que incluya sanciones como suspensión, destitución o inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Hasta el momento, la Cancillería no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones de la embajadora ni sobre una eventual revisión interna del caso.
