El presidente respondió a los cuestionamientos surgidos alrededor de las denuncias impulsadas por el Gobierno y aseguró que su administración no ejerce persecución contra jueces ni recurre a prácticas ilegales de interceptación. El pronunciamiento llegó en medio del debate por decisiones judiciales y controversias sobre el manejo de los ahorros pensionales de millones de cotizantes.
“Yo no encarcelo jueces, ni les chuzo sus teléfonos”, afirmó el mandatario al defender la actuación de su gobierno frente a distintos procesos judiciales. También sostuvo que las denuncias presentadas buscan evitar escenarios de impunidad dentro de las instituciones públicas.
Durante su intervención, el jefe de Estado insistió en que la transparencia judicial debe impedir decisiones que afecten a los ciudadanos. En ese contexto, criticó la negativa de sectores financieros a devolver recursos de ahorro pensional y calificó esa situación como una violación contra el ahorro público.
El presidente señaló que existe una contradicción cuando entidades financieras conservan recursos de trabajadores afiliados mientras otras entidades estatales terminan asumiendo el pago de las pensiones con dinero público. Según explicó, esa situación afecta las finanzas públicas y genera un debate sobre la destinación de los aportes de los cotizantes.
Además, cuestionó opiniones emitidas por jueces relacionadas con este proceso. A su juicio, algunas posiciones reflejan un “prejuzgamiento” que no corresponde a las normas de la justicia. El mandatario hizo referencia a expresiones sobre un supuesto “derecho desbordado” para cumplir normas vigentes en materia pensional.
Las declaraciones profundizan la discusión entre el Gobierno, sectores judiciales y actores del sistema financiero alrededor de la reforma pensional y el manejo de los recursos de ahorro. El tema mantiene atención política y jurídica debido al impacto que tendría sobre millones de trabajadores y pensionados del país.
El debate también reabre la discusión sobre los límites entre las decisiones judiciales, la independencia de poderes y las críticas del Ejecutivo frente a procesos que considera contrarios al interés público.
