El Caribe colombiano concentra el 27% del consumo nacional de energía, tiene una demanda creciente y opera bajo un esquema que múltiples estudios técnicos califican de estructuralmente inviable.
El gobierno que asume el 7 de agosto recibirá dos operadoras en crisis: Air-e bajo intervención estatal y Afinia con deudas que el propio Gobierno Nacional no ha podido saldar. El diagnóstico es contundente y la presión sobre el sistema eléctrico no da espera.
Un informe financiado por las cámaras de comercio de Barranquilla y Santa Marta, y el Comité Intergremial del Atlántico, determinó que Air-e logró recaudar solo el 74,5% de los ingresos facturados en 2025, con pérdidas mensuales de aproximadamente 185.000 millones de pesos por no recaudo.
A julio de ese año, su deuda total ascendía a 3,6 billones de pesos, con un déficit operativo mensual promedio de 138.000 millones. El estudio proyecta un saldo negativo acumulado de 6,3 billones de pesos para finales de 2026 y concluye que la crisis no es temporal sino una inviabilidad estructural.
Redes agotadas, líneas de media y baja tensión subdimensionadas, transformadores envejecidos y subestaciones que se convierten en cuellos de botella: esa es la radiografía de la infraestructura eléctrica del Caribe según Carlos Cárdenas, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros. Para Cárdenas, si el Caribe tiene malas redes, compite peor, produce menos y pierde inversión.
La situación desborda lo regional. Para 2039, según proyecciones del mismo estudio, la región Caribe concentrará el 31% de la demanda eléctrica nacional, lo que convierte su crisis energética en un riesgo sistémico para la estabilidad del sistema eléctrico del país.
A eso se agrega la presión del gas: Colombia tuvo que importar gas por primera vez en 2025 para atender la demanda esencial, con un 17%. Para 2026, esa cifra subiría al 25%, lo que presiona directamente las tarifas y pone en riesgo la confiabilidad del sistema ante escenarios de alta demanda o un fenómeno de El Niño intenso.
En junio de 2026, Air-e incrementó la tarifa del servicio en un 5,5%, llevando el kilovatio hora de 796 a 840 pesos e impactando a más de cinco millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Kelina Puche, del centro de pensamiento Atarraya, advierte que el modelo tarifario actual traslada a los usuarios que sí pagan el costo del robo de electricidad. “Citar ejemplos de comerciantes que están pagando más por el servicio de energía que por el canon de arrendamiento de sus locales comerciales hace inviable y resta competitividad”, señaló.
El panorama se agrava ante la amenaza del fenómeno de El Niño, esperado para el último trimestre de 2026 y principios de 2027 con probable intensidad moderada a fuerte, lo que podría reducir la disponibilidad del recurso hídrico y aumentar la presión sobre las plantas térmicas que respaldan con energía firme al sistema.
El gobierno entrante no tendrá margen para aplazar decisiones sobre un sector que, según los propios expertos, lleva años necesitando un modelo completamente diferente al que hoy opera en la región.
