Detención Domiciliaria para implicados en el fraude a la Universidad Autónoma del Caribe

El Juzgado Segundo Penal Municipal de Barranquilla, con funciones de control de garantías, cobijó con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria a Ana Leonor Bustillo Martínez, Eduardo Andrés Borrero de la Cruz, María de los Ángeles Pinto Carrillo y Paulo César Perdomo por su presuntamente hacer parte de una red dedicada a la defraudación de la Universidad Autónoma del Caribe. El juez tomó la decisión luego que estas personas fueran presentadas en audiencia por el Fiscal 13 de la Unidad de Estructura de Apoyo, quien les formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir, estafa y acceso abusivo
12 años atrás

El Juzgado Segundo Penal Municipal de Barranquilla, con funciones de control de garantías, cobijó con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria a Ana Leonor Bustillo Martínez, Eduardo Andrés Borrero de la Cruz, María de los Ángeles Pinto Carrillo y Paulo César Perdomo por su presuntamente hacer parte de una red dedicada a la defraudación de la Universidad Autónoma del Caribe.

El juez tomó la decisión luego que estas personas fueran presentadas en audiencia por el Fiscal 13 de la Unidad de Estructura de Apoyo, quien les formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir, estafa y acceso abusivo a medios informáticos.

Borrero y Bustillo no se allanaron a los cargos endilgados por la Fiscalía, mientras que Pinto y Perdomo aceptaron solo los delitos de concierto para delinquir y estafa.

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La investigación se origina atendiendo la denuncia interpuesta por el representante de la institución educativa el día 8 de agosto de 2012, ante la Sección de Análisis Criminal SAC del CTI Barranquilla.

La Fiscalía estableció que se venían presentando irregularidades en el proceso de matrícula de la comunidad estudiantil, pertenecientes a esa Alma Mater y logró identificar e individualizar a 6 personas implicadas en la actividad delictiva.

En desarrollo del proceso se determinó el modus operandi empleado por funcionarios administrativos y estudiantes, el cual consistía en hacer creer a los aspirantes de los programas de pregrado, posgrado, especializaciones e incluso de cursos vacacionales y habilitaciones, que serían acreedores de beneficios tales como descuentos en matrículas que oscilaban entre el 30, 40 y 50 por ciento.

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Los funcionarios registraban el pago de las matrículas a través del sistema de información implementado en la Universidad, utilizando la figura de becas, sin embargo, el dinero nunca ingresaba a las cuentas, siendo sustraído al parecer los hoy procesados.

Las capturas se efectuaron en Barranquilla y Maicao durante un operativo adelantado por unidades de la Subdirección Seccional de Policía Judicial CTI Atlántico.