La exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, señalada como pieza fundamental en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), podría solicitar su libertad en las próximas semanas si no se instala el juicio oral en su contra.
Una juez especializada de Bogotá suspendió este miércoles la audiencia preparatoria del proceso después de que la defensa argumentara dificultades para acceder a material probatorio descubierto por la Fiscalía General de la Nación.
El abogado Mauricio Camacho explicó que aún espera respuesta de los jueces de control de garantías sobre peticiones para consultar bases de datos relevantes para su estrategia.
El aplazamiento encendió las alarmas entre las partes procesales. La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, recordó que la imputación ocurrió en diciembre de 2024 y pronto se cumplirá un año sin que arranque formalmente el juicio.
“La Fiscalía advierte que es perjudicial para la estrategia defensiva de la señora Sandra Ortiz que llegue a juicio en estado de indefensión, porque eso nos arrojaría al escenario de una nulidad por violación al derecho a la defensa”, señaló la funcionaria.
Por su parte, Iván Mattar, representante legal de la UNGRD, pidió que quedara constancia de las razones del aplazamiento de cara a una eventual solicitud de libertad.
El jurista aclaró que la Corte Suprema ya estableció que las actas de audiencias ante jueces de control de garantías no hacen parte del descubrimiento probatorio.
Ortiz permanece recluida en la Escuela de Carabineros de Bogotá, acusada de recibir 3.000 millones de pesos de manos de Olmedo López y Sneyder Pinilla para entregarlos al entonces presidente del Congreso, Iván Name Vásquez. De ser hallada culpable por lavado de activos y otros delitos conexos, enfrentaría hasta diez años de prisión.
