El desmantelamiento formal de la “paz total”, la estrategia de diálogo con estructuras armadas que caracterizó al mandato de Gustavo Petro, quedó anunciado este miércoles por el presidente Abelardo de la Espriella durante una declaración oficial.
El mandatario sostuvo que ese modelo fracasó de manera rotunda en su propósito fundamental, al abrir espacios y conceder beneficios a integrantes de estructuras criminales sin que se acreditaran aportes verificables ni resultados concretos para la consecución de la paz.
La política fue impulsada por Petro desde el inicio de su gobierno en 2022, cuando el Congreso colombiano aprobó, tres meses después de su posesión, la ley que facultaba al Ejecutivo para negociar con grupos armados y bandas vinculadas al narcotráfico.
El esquema combinaba diálogos con procesos de sometimiento a la justicia para distintas estructuras ilegales del país.
Desde su formulación, la iniciativa enfrentó objeciones de sectores políticos opuestos al entonces Gobierno. El Centro Democrático la calificó como una “apología a la criminalidad y a la impunidad”, mientras que Humberto de la Calle, exjefe negociador con las FARC, cuestionó que se reabrieran diálogos con disidentes de esa guerrilla, quienes precisamente rechazaron el acuerdo de 2016.
El proyecto de ley de sometimiento a la justicia, pieza central de la estrategia, perdió respaldo en el Congreso tras una ponencia de archivo que alegaba vulneración de la Constitución y beneficios indebidos para estructuras criminales.
Un informe posterior de Asocapitales cuestionó sus resultados y advirtió sobre un aumento de la violencia estructural en el territorio nacional.
Encuestas realizadas durante el gobierno anterior mostraron un rechazo mayoritario hacia los diálogos con el ELN, uno de los pilares de la política.
El actual mandatario anunció que los procesos de diálogo dejarán de operar como refugios frente a la justicia y que la palabra paz no podrá utilizarse como salvoconducto para mantener privilegios mientras persisten requerimientos judiciales.
En su lugar, planteó una política basada en seguridad, legalidad y autoridad del Estado, condicionando cualquier tránsito hacia la legalidad a la demostración de hechos concretos y verificables ante la justicia.
