La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) reconoció la importancia de que la Corte Constitucional finalmente haya tomado una decisión sobre la reforma pensional, contenida en la Ley 2381 de 2024, y anunció que los fondos de pensiones entran en modo implementación mientras revisan los detalles de la sentencia.
Según el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, mientras se abren espacios institucionales para hacer del sistema pensional uno más equitativo, sostenible y de mayor cobertura, la industria de los fondos de pensiones queda pendiente de los detalles del fallo para estar listos ante la entrada en vigencia de la reforma.
El gremio señaló que, hacia el futuro, la reforma acaba con las llamadas megapensiones, pero será más costosa para las nuevas generaciones. Según Asofondos, la reforma afecta el ahorro, suprime la libertad de elegir sistema de pensiones y deja una deuda considerable para los más jóvenes.
Velasco destacó que los fondos de pensiones llevan más de 30 años acompañando a los trabajadores colombianos, entregando rendimientos que en promedio superan en más del 7% a la inflación, y aseguró que ese compromiso no cambia con esta decisión judicial, reiterando su respaldo a los más de 20 millones de afiliados que confían su ahorro a estas entidades.
El gremio recordó que la sentencia avaló la gran mayoría del articulado de la Ley 2381 de 2024, pero devolvió nueve artículos y una proposición adicional a la Cámara de Representantes para que corrijan vicios de trámite, en un plazo de 30 días hábiles. Asofondos indicó que las administradoras estarán atentas a estas discusiones en el Congreso, con el fin de aportar su experiencia y los insumos técnicos necesarios.
De cara a la nueva hoja de ruta, las AFP y los demás actores del sistema deberán retomar y ajustar los planes de implementación que venían adelantando antes de la suspensión de la ley. Entre las tareas pendientes se encuentran identificar las poblaciones cubiertas por la transición, evaluar el estado de los desarrollos previos, diseñar y ajustar los procesos operativos requeridos por la nueva ley, y revisar los modelos de atención a los afiliados.
