El exministro de Defensa Diego Molano, afirmó en entrevista con La FM, que los cambios del Gobierno frente a los bombardeos muestran contradicciones y debilitan la capacidad de respuesta de la fuerza pública. Recordó que sectores del actual Ejecutivo “criticaron los bombardeos cuando eran candidatos, aunque posteriormente los respaldaron”, y aseguró que este tipo de operaciones son legítimas cuando la inteligencia identifica amenazas directas contra soldados o comunidades.
Molano explicó que “los bombardeos no son decisiones improvisadas, sino acciones definidas a partir de análisis operativos, inteligencia y acompañamiento jurídico”. Reiteró que su uso se reserva para escenarios en los que la amenaza es inminente y no existe otro mecanismo para neutralizarla.
El exministro insistió en que la discusión “no debe dirigirse al Ministerio de Defensa, sino a la política de paz del presidente Gustavo Petro”. En su lectura, el crecimiento de los grupos armados —que, según dijo, pasaron de “13.000 a 25.000 integrantes en tres años”— demuestra que las decisiones gubernamentales no han detenido el fortalecimiento de estas estructuras, que mantienen actividades ilegales y continúan expandiendo su presencia.
Consultado por el reclutamiento de menores, Molano sostuvo que no se han impulsado acciones efectivas para prevenirlo. Aseguró que gran parte del aumento en las filas de los grupos armados se explica por la incorporación de adolescentes que son usados como combatientes en ataques contra civiles y militares. Agregó que, en la práctica, es difícil determinar la edad de quienes se encuentran en los campamentos y que, ante amenazas graves, la fuerza pública debe actuar aún sin certeza total sobre la presencia de menores.
Molano también recordó que el Gobierno suspendió los bombardeos para verificar la ausencia de menores, pero luego autorizó reactivarlos. Para él, esto refleja inconsistencias que confunden el rumbo operativo.
El exministro concluyó que la prioridad debe ser fortalecer las capacidades institucionales y garantizar que la fuerza pública cuente con todas las herramientas para contener las amenazas actuales, siempre dentro de los parámetros legales y operacionales establecidos.
