La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia votó en contra del proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia que propone beneficios penales a jefes de grupos armados, narcotraficantes y miembros de organizaciones criminales.
El texto plantea un tratamiento penal diferenciado para estos actores a cambio de su sometimiento y colaboración con la justicia.
La presidenta de la Sala Penal, magistrada Myriam Ávila Roldán, expuso los argumentos de la decisión durante la sesión del Consejo Superior de Política Criminal.
Según explicó, el borrador no presenta una justificación técnica suficiente sobre sus impactos fiscales, desafíos operativos ni claridad sobre los recursos necesarios para su implementación. Tampoco se evidencia diálogo previo con la judicatura, pese a que se le asignan funciones claves en la aplicación de la propuesta.
El proyecto, que ha generado rechazo en distintos sectores, plantea la posibilidad de suspender extradiciones, reducir penas e incluso permitir participación política a personas condenadas por delitos graves. La Corte advirtió que estos temas requieren una revisión detallada, pues involucran asuntos de alto impacto para el sistema penal y la política pública.
Además, el alto tribunal cuestionó la inclusión, en un mismo texto, de temas propios de la justicia transicional, delitos asociados a la protesta social y asuntos de seguridad ciudadana. Para la Corte, ese enfoque resulta problemático desde el punto de vista jurídico y funcional.
La decisión representa un obstáculo considerable para el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ya que la Corte es un actor fundamental en cualquier reforma penal de esta naturaleza. Sin el respaldo de esta instancia, el proyecto pierde un soporte clave para avanzar en el trámite legislativo.
