La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó al exgobernador de Sucre, Salvador Arana, que entregue un informe pormenorizado de sus bienes y patrimonio en un plazo máximo de 10 días.
Esta decisión se produce en el marco de un proceso en el que representantes de víctimas, como la familia del exalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, y Ketty Paternina, hija de la exfiscal Yolanda Paternina, expresaron dudas sobre la verdadera solvencia económica de Arana.
Las sospechas de las víctimas se fundamentan en el hecho de que Salvador Arana habría sostenido económicamente a su familia, incluso durante su estancia en prisión, y que podría poseer propiedades no declaradas.
Ante estas inquietudes, la JEP ha considerado necesario que el exgobernador proporcione información detallada sobre su patrimonio, con el fin de garantizar una adecuada reparación a las víctimas.
La JEP, a través de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, continúa analizando las propuestas restaurativas presentadas por Salvador Arana, como parte del seguimiento a su régimen de condicionalidad.
Asimismo, abrió la posibilidad para que las víctimas presenten observaciones a dichas propuestas, con el fin de preparar un posible encuentro restaurativo entre las partes afectadas y el compareciente.