Montería. En el informe de gestión del saliente Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, se puso de manifiesto que en el departamento de Córdoba, hay un total de 90 procesos de responsabilidad fiscal ordinarios en trámite entre junio del 2017 y mayo del 2018 por $21.440 millones, siendo el tercero en el Caribe con mayor cuantía de procesos.
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Aunque los hallazgos fiscales superan por mucho la cuantía de los procesos abiertos, muchos de estos aún están en etapa de investigación, tal y como ocurre con el“Cartel de la hemofilia”, por el cual cursarían procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía superior a los $50 mil millones, como consecuencia del desvío de dineros de la salud.
De igual forma la entidad dejó claro que después de la salud, el sector más afectado en este departamento por hechos de corrupción es el de ciencia y tecnología, con hallazgos e presunta incidencia fiscal que ascienden a $29.153 millones.
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Como casos emblemáticos la Contraloría pone de manifiesto los convenios de ciencia y tecnología firmados con la empresa del detenido ex contratista Jesús Henao Sarmiento, vinculado también el crimen de Jairo Zapa.
Ambos convenios suman un valor superior a los 8.000 millones de pesos. El sector de agua potable y saneamiento básico no se salvó, la Contraloría advierte que la construcción del sistema de acueducto regional costanero no cumplió su objeto, pues el contrato se limitó a una asistencia técnica de cómo se debe administrar el sistema, lo cual no garantiza la operación del acueducto en el cual se invirtieron $43.572 millones de pesos.
Pese a la gran cuantía y cantidad de procesos, solo hay un fallo con responsabilidad fiscal en proceso ordinario en Córdoba; aún más minúscula es la cuantía de resarcimiento de los procesos preliminares que asciende solo $98 millones de pesos y existen procesos de jurisdicción coactiva en trámite en esta territorial tasados en procesos por más de $13.000 millones, de los cuales solo algo más de $200 millones han sido recuperados.
