La Contraloría General de la República desplegó a la Unidad Especial de Policía Judicial, adscrita a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), en las sedes de Fiduprevisora y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como parte del seguimiento que inició el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Según informó el ente de control, las actuaciones buscan verificar la trazabilidad de los recursos públicos desde el momento en que se asignan hasta su giro y ejecución contractual, en desarrollo de la Función de Advertencia que la Contraloría emitió previamente sobre riesgos presupuestales y contractuales.
La labor de la Policía Judicial se concentra en establecer el destino final de las partidas públicas manejadas por ambas entidades, con especial atención al cumplimiento de los requisitos legales en cada etapa del proceso presupuestal, desde la disponibilidad de recursos hasta su ejecución en contratos.
Esta actuación se suma a los pronunciamientos previos de la Contraloría sobre el aumento en la contratación pública durante las últimas semanas del actual Gobierno Nacional, en las que el organismo ya había advertido sobre riesgos fiscales derivados de la aceleración de compromisos financieros sin el respaldo presupuestal adecuado.
