El presidente Gustavo Petro anunció que su propuesta de Asamblea Constituyente contempla una transformación completa del poder judicial colombiano, exceptuando únicamente a la Corte Constitucional, que permanecería intacta.
La propuesta se conoce después de que el mandatario protagonizara durante 2025 un año de confrontaciones con las altas cortes.
Petro ha cuestionado públicamente decisiones de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en el caso de la absolución del expresidente Álvaro Uribe, cuando advirtió: “Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto”.
El Consejo de Estado también ha sido blanco frecuente de críticas presidenciales. En mayo de 2024, el mandatario calificó sus decisiones como un “golpe blando” tras un concepto sobre la investigación del Consejo Nacional Electoral.
Posteriormente, en julio, retiró a esa corporación la competencia para conocer tutelas en su contra, medida interpretada como un intento de alejar al presidente de un tribunal que ha emitido múltiples fallos adversos.
“Solo la corte constitucional se mantendrá intacta. El poder judicial debe ser libre de la política y los intereses particulares y ponerse al servicio de la ciudadanía y su control”, expresó Petro al explicar el alcance de los cambios judiciales propuestos en su mensaje en la red social X.
El presidente también ha protagonizado enfrentamientos con el magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional, a quien acusó de “sectarismo ideológico” durante el trámite de la reforma pensional. Sin embargo, ahora garantiza que ese tribunal “no se modificará en la reforma constitucional que se haga”.
Petro planteó que la transformación judicial debe acercar la administración de justicia a los territorios, proponiendo que “el juez y el fiscal” estén ubicados “en el territorio, dónde está la gente”.
La reforma judicial es uno de los nueve ejes que abordará la Constituyente, según el cronograma presidencial. La Asamblea se reuniría durante tres meses después del 20 de julio de 2026, cuando ya esté posesionado el nuevo presidente.
