Las complicaciones legales del representante a la Cámara David Racero se intensificaron luego de que Daniel Coronell revelara inconsistencias en el testimonio de un exempleado de su Unidad de Trabajo Legislativo ante el Consejo de Estado.
La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el congresista por presuntos delitos de concusión, relacionados con el uso indebido de recursos públicos para gastos personales y actividades comerciales privadas.
Jhon Leonardo García Lara, quien trabajó en la UTL de Racero, compareció ante el magistrado Fredy Hernando Ibarra en el marco de los tres procesos de pérdida de investidura. Durante su declaración, García negó categóricamente haber ejercido funciones de conductor y desconocer vínculos del congresista con un negocio de frutas y verduras.
Sin embargo, documentos oficiales de 2019 lo registran como “Asistente I – Conductor” en la nómina de la UTL, contradiciendo sus afirmaciones bajo juramento. Adicionalmente, publicaciones en redes sociales de 2018 lo identifican como “Conductor profesional” del equipo de Racero.
Las evidencias incluyen conversaciones de WhatsApp donde García solicita instrucciones sobre el manejo del fruver y su participación como referencia en el contrato de arrendamiento del local comercial.
Los abogados demandantes anunciaron que presentarán denuncia penal contra García por presunto falso testimonio, argumentando que estas mentiras buscan proteger al congresista. Las pruebas del proceso penal podrían trasladarse al expediente de pérdida de investidura, complicando aún más la situación judicial de Racero.
